El 26 y 27 de abril de 2016 tuvo lugar en Dakar (Senegal) una conferencia regional para África del Oeste para mejorar la aplicación de la Resolución 69/150 de la Asamblea General de Naciones Unidas que prohíbe la mutilación genital femenina. Este encuentro fue organizado por el Ministerio de la Mujer, la Familia y la Infancia de Senegal y la organización italiana No Peace Without Justice (NPWJ) en colaboración con el Comité interafricano sobre las prácticas tradicionales con consecuencias en la salud de las mujeres y niños (CIAF) y organizaciones locales en cada uno de los países socios. Esta Consulta Ministerial forma parte de la Campaña « BanFGM » lanzada en 2015 también en Dakar y financiada por el Ministerio italiano de Asuntos Extranjeros y de Cooperación Internacional (MAECI).
La Cooperación Española a través del Programa APIA ha facilitado la participación de las delegaciones oficiales de Mauritania, Malí, Níger y Nigeria, países prioritarios de la Cooperación Española en África del Oeste. La Consulta Ministerial ha contado con participantes de alto nivel de 14 países de la CEDEAO y Mauritania así como invitados de organismos internacionales y bilaterales basados en Senegal.
El objetivo de esta Conferencia -que ha reunido a los Ministros de la Mujer, de Sanidad y de Justicia de los países de África del Oeste y Mauritania- es que dichos países avancen en la aplicación armonizada de dicha resolución, que fue adoptada por Naciones Unidas gracias a la voluntad de los países de esta región. En efecto, es urgente que los países de la región armonicen la legislación nacional y el marco político, legislativo y jurídico para la prohibición de la mutilación genital femenina (MGF) conforme a la Resolución 69/150 y a las convenciones y tratados internacionales ratificados por la mayoría de los Estados de África subsahariana, incluido Senegal.
La Resolución 69/150 es el punto de partida fundamental en la lucha contra esta violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas y una referencia para la protección de las víctimas y perseguir a los ejecutores de dichas prácticas. En la mayoría de los países en los que se ha adoptado una la ley contra la mutilación genital femenina, su aplicación es muy débil. En Senegal, por ejemplo, desde 1999 en el que se aprobó la ley, sólo se han juzgado 8 casos. La erradicación de esta práctica encuentra grandes resistencias en argumentos y prácticas socioculturales.
Las jornadas fueron inauguradas por la Ministra de la Mujer, la Familia y la Infancia de Senegal, Sra. Mariama SARR, que estuvo acompañada por diferentes personalidades como la Sra. Emma Bonino, presidenta de NPWJ, y representantes de los cuerpos diplomáticos, como los Embajadores de Italia y de España, así como representantes de los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas.
El Embajador de España en Senegal, Sr. Alberto Virella, incidió en que la erradicación total de la MGF requiere una revisión de la estrategia general para afrontar con mayor eficacia aquellas áreas donde hasta ahora se han obtenido resultados insatisfactorios. Expuso como ejemplo la zona más occidental de la Casamance, con una fuerte identidad étnica y estructura tradicional. Allí, la MGF es un requisito para poder participar en los ritos de iniciación. Dado que éstos son la condición para la inclusión plena de los individuos en su comunidad y también determinantes de su identidad, habría que “negociar” (según el concepto usado en las ciencias sociales) un rito sustitutorio de la ablación dentro del marco de la iniciación. Para emprender ese proceso, se requerirán estudios antropológicos específicos para esas comunidades y realizados, de preferencia, por profesionales africanos. Si las autoridades senegalesas deciden avanzar en ese sentido, la Cooperación Española, afirmó apoyará su liderazgo y contribuirá a ese esfuerzo.
Tras la sesión inaugural, se procedió a organizar las jornadas con grupos de trabajo que se centraron en la respuesta por sectores (justicia, sanidad y género) y una aproximación al tema por tipo de acción a llevar (prevención, respuesta y seguimiento). También se pretendió facilitar un diálogo profundo y documentado de las experiencias realizadas en cada país tanto por estructuras gubernamentales como de la sociedad civil, para alcanzar una legislación común a los países de la CEDEAO, adoptar y elaborar instrumentos y materiales de sensibilización y formación comunes, poner en marcha un trabajo transfronterizo, con respuestas comunes por las fuerzas del orden y judiciales, etc.
Las jornadas concluyeron con una Declaración Final que señaló, entre otros puntos, la importancia de promover el rol esencial de la legislación en la lucha contra la MGF a través de su prohibición y criminalización de esta grave violación de los derechos humanos.
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